El cese de las emisiones de Canal 9 está previsto para el 29 de noviembre, pero la liquidación de la empresa llevará mucho más tiempo y su coste puede ser bastante mayor de lo que calculó en un principio Alberto Fabra.

La empresa tenía al finalizar 2012 compromisos de compra de derechos de retransmisiones deportivas por 4,4 millones y de compra de derechos de producciones ajenas, coproducciones y derechos de antena por 15 millones.

Parte de ellos son con la Forta, la federación de televisiones autonómicas. La cancelación de estos contratos puede dar origen a la reclamación del pago comprometido e incluso de indemnizaciones.

RTVV tiene otras cuentas pendientes, en este caso judiciales, ya que mantiene varios pleitos con Mediapro que ascienden a unos 25 millones. Las demandas corresponden al desacuerdo sobre las emisiones de la Liga de fútbol en 2010, que Mediapro dejó de suministrar a Canal 9 unilateralmente, así como a la ruptura unilateral del contrato para emitir Fórmula 1 por parte de la televisión autonómica.

Estos y otros pleitos judiciales menores y el que previsiblemente se originará con los despidos de toda la plantilla, pueden impedir una liquidación rápida de la empresa, como ya ha ocurrido con el antiguo ente RTVV, que lleva casi un año en liquidación pero no ha sido disuelta al tener que devolver la deuda de 1.200 millones, que paga la Generalitat. El coste en 2014, entre intereses y amortización, será de 107 millones.

Dudas sobre la indemnización

En cuanto a los costes laborales, la Generalitat estimó en unos 70 millones la indemnización por despido de los casi 1.700 empleados que tendrá RTVV cuando se reincorporen los afectados por el primer ERE, declarado nulo.

Los cálculos se hicieron con la indemnización por despido objetivo de 20 días por año trabajado, pero el vicepresidente, José Císcar, la elevó a 45 días y, a día de hoy, ni la Generalitat ni los sindicatos tienen claro cuál es la que les corresponde.

La cuestión no es baladí, sobre todo para los trabajadores, pero también para la Generalitat porque si son 45 días, el coste se dispararía. Los despedidos pueden pedir la reincorporación a partir de este miércoles, un día después de que adquiera firmeza la sentencia.

Tendrán que devolver la indemnización percibida -en total, más de 30 millones- y cobrarán los salarios de tramitación, que suman unos 20 millones.

Císcar no da el informe de Garrigues

La Generalitat no hará público el informe del despacho de abogados Garrigues sobre la sentencia que anuló el ERE de RTVV. El vicepresidente del Consell, José Císcar, dijo el pasado viernes que dicho informe señalaba a Rosa Vidal como única responsable de las actuaciones que llevaron a la anulación del expediente. A petición de los periodistas, se comprometió a facilitar una copia del informe.

elEconomista solicitó dicha copia el mismo viernes y este lunes, pero un portavoz de la Vicepresidencia ha comunicado que el informe no se va a facilitar, con el argumento de que es probable que el proceso de cierre de Canal 9 se judicialice.

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