No demasiadas, especialmente con el Gobierno que hemos tenido la desgracia de padecer. Aquí puede encontrar más desarrollada mi opinión sobre la situación actual y los riesgos a los que nos enfrentamos.

Primero habría que definir qué entendemos por gasto político. Todo el gasto estatal es gasto político porque está diseñado y viene impuesto por los políticos. Si lo que se quiere decir es que gasto político es gasto superfluo, entonces nuevamente habría que aportar un patrón para medir qué es superfluo o qué no es superfluo. A mi entender, sólo cada ciudadano puede determinar qué es superfluo y qué no lo es, de ahí que en mi último libro promueva la minimización del tamaño del Estado y, por tanto, la maximización del tamaño de la sociedad civil:

Pero bueno, si la pregunta se refiere a si podemos acabar con el déficit quitando embajadas, coches oficiales, asesores políticos y subvenciones a sindicatos, la respuesta es un rotundo NO. Todas esas medidas hay que tomarlas, pero su magnitud es minúscula en comparación con el gigantesco agujero que sigue representando el déficit. No queda otra que impulsar recortes del gasto que son impopulares tanto para los políticos como para los analistas económicos (incluyendo recorte de las pensiones o reducción de la plantilla de empleados públicos), pero que son necesarias. En esto hay que ser claro por costoso que pueda resultar en términos de popularidad. No hay que contribuir al burbujístico engaño colectivo en el que, por desgracia, sigue sumergida gran parte de la población española.

No veo incompatibilidad. Hay una tercera variable en liza: bajar el gasto. Y es la variable correcta que debería haberse tocado. En mi libro "Una alternativa liberal para España" detallo qué gastos podrían haberse reducido para cuadrar el déficit y bajar impuestos (bajarlos, no subirlos)

El liberalismo tiene la preferencia de generar amplios consensos sociales en torno a la idea de libertad. Cómo esos consensos sociales se canalicen políticamente ya es otra cuestión que depende mucho de las reglas electorales o de la idiosincrasia de cada país. Lo esencial es que el respeto por las libertades civiles y económicas se generalice en la sociedad para que se termine convirtiendo en una característica transversal de todo el espectro de partidos políticos: sean éstos muchos o pocos.

Yo no creo que exista un "derecho a decidir" 'per se'. Sí creo que los grupos sociales tienen derecho a autoorganizarse políticamente: derecho que entronca con una libertad individual tan básica como la libertad de asociación (en este caso, de asociación y de desasociación política). Desde esta óptica, no tengo ningún inconveniente con la consulta, como tampoco la tendría con respecto a eventuales consultas internas futuras de regiones catalanas que buscaran más autonomía o independencia con respecto a un gobierno central catalán. De hecho, la base más razonable para la convivencia política no es la autonomía, sino la ciudad (la polis): por eso, por cierto, el movimiento internacional de ciudades libres (free cities) es tan ilusionante.

Dicho esto, no hay que perder de vista que en el nacionalismo (en todo nacionalismo, tanto el catalán como el español) hay un germen profundamente antiliberal como es el del igualitarismo étnico, cultural, lingüístico o religioso. El liberalismo promueve la diversidad, la tolerancia y, en definitiva, la sociedad abierta. Por eso, imagino, muchos liberales recelan de la consulta: porque está promovida por el nacionalismo. Pero son temas distintos: una cosa es combatir intelectualmente el nacionalismo y otra oponerse al derecho a la autoorganización política. Creo que son posturas perfectamente compatibles.

No creo en los gurús que aconsejan acríticamente comprar esta o aquella empresa. Sí creo en el análisis crítico de cada inversor para, tras un juicioso estudio, decidir qué compañía es más atractiva en términos de rentabilidad-riesgo. Y para desarrollar ese análisis crítico e informado sólo puedo recomendarte el que probablemente sea el mejor máster del mundo en inversión: el máster en value investing y teoría del ciclo, apadrinado por el centro de estudios OMMA.

A propósito, y dado que hablamos del centro OMMA, no podría terminar sin recomendar, dentro de ese mismo centro, el máster online en Economía que tengo el honor de codirigir. Mañana a esta hora tendremos la sesión informativa para explicar con detalle las materias que componen este programa pensado para convertir a un neófito en un economista profesional en tan sólo un año.

Mantener la seguridad jurídica -es decir, las prebendas prometidas por el Estado a costa de los contribuyentes- y reformar el sector eléctrico es una combinación imposible, básicamente porque mantener la seguridad jurídica equivale a conservar el sector eléctrico en su forma actual durante casi 30 años. Mi propuesta sería indemnizar a los inversores en centrales renovables que inmovilizaron su capital buscando protección en el BOE, evitando nuevas regulaciones y trabas absurdas como la persecución del autoconsumo y liberalizar de verdad el tramo de la generación y de la comercialización.

La tragedia de España ha sido, justamente, que no hemos tenido liberalización alguna en el mercado eléctrico

Que hay una burbuja de deuda pública global es algo bastante evidente. Las rentabilidades que ofrece este activo no están en absoluto justificadas. Que vaya a haber consecuencias es más incierto: Japón lleva 25 años así (es verdad que con muchísimo más ahorro interno que España). La deuda pública es distinto de otros activos, en la medida en que no está vinculada a inversiones particulares: el gobierno obtienen financiación, se la funde de las maneras más variopintas y la amortiza volviendo a colocar deuda pública. Ese roll-over de dilapidación del capital se puede mantener durante mucho tiempo, sobre todo si se cuenta con la complicidad del sector financiero y, en especial, del banco central.

Con su programa actual, desde luego. No hay otra posibilidad. Cuestión distinta es que terminen haciendo como hacen todos los políticos: incumplir su programa. Sería un primer paso hacia la creación de una neocasta.

A este respecto y sobre el programa económico de Podemos: http://juanramonrallo.com/2014/05/sobre-el-programa-economico-de-podemos/

Hay que dar la batalla de las ideas en todos los frentes posibles. Nunca hay que desaprovechar oportunidades para defender el marco de convivencia que promueve las libertades personales y la prosperidad colectiva. También hay que dar esa vital batalla de las ideas en los organismos públicos, claro que sí.

Lo ignoro. La sucesión de hechos es conocida: UGT sacó una nota de prensa después de que Eldiario.es les alertó de mis "impurezas ideológicas" y, a los pocos días, me cortaron la cabeza. No sé si el Gobierno intervino por acción o por omisión. Lo que sí es seguro es que no les molestó en absoluto y que la intervención de Eldiario.es-UGT les vino maravillosamente para quitarse un problema de encima. Ya se sabe que la política hace extraños compañeros de cama, sobre todo, entre los antiliberales de todos los partidos: el auténtico consenso político que viene gobernándonos y pauperizándonos desde hace décadas.

No, no me gusta el rito político. Me parece perfecto y muy legítimo que haya liberales que quieran impulsar el cambio social desde la política, pero eso no encaja ni con mis aptitudes ni con mis intereses. Adam Smith nos enseñó los múltiples beneficios de la división del trabajo y éste caso no es una excepción: hay suficientes liberales como para que algunos de ellos agarren el estandarte político. De hecho, algunos ya lo están intentando: por ejemplo a través del Partido de la Libertad Individual. Yo, sinceramente, prefiero dar la batalla de las ideas desde fuera de la política: por ejemplo, desde el Instituto Juan de Mariana.

El verbo censura no me gusta. Prefiero reservarlo para coacciones gubernamentales que verdaderamente conculquen la libertad de expresión. En el caso de TVE ha habido un veto ideológico, pero no hablaría de censura porque yo no tengo ningún derecho a participar ni en TVE ni en ningún otro medio de comunicación: los medios de comunicación son de sus dueños y es necesario que seamos conscientes de ello (para lo bueno y para lo malo, para confiar o para volvernos escépticos). Censurar sería que el Estado le permitiera al dueño de un medio de comunicación decir lo que quiera decir a través de su medio de comunicación.

En el caso de TVE, el dueño es claramente el gobierno en alianza con las élites extractivas que han tomado el ente: y esos dueños han considerado que los liberales no tenemos cabida en una televisión pública, que nuestro único cometido es callar y pagar. Yo no pido regresar a TVE, sólo reclamo que me permitan dejar de costearla de mis impuestos.

En cualquier caso, y por no esquivar la pregunta: no, nunca me han vetado en otros medios. Al menos, no que yo sepa.

Por supuesto: porque "lo suyo" es la "tele de todos". Es un claro ejemplo de patrimonialización del dinero y de las libertades del contribuyente por parte de una élite extractiva que ha tomado el control de los resortes estatales que restringen nuestras libertades. Justamente por ello, habría que cerrar/privatizar televisión española. Con mi dinero, no.

Escribir artículos, es lo que permite un mayor análisis y una reflexión más certera. La radio también me gusta bastante por eso mismo: es más pausada y dialogada (todos los días alrededor de las 20.30, por cierto, efectúo un breve análisis de actualidad económica en esRadio). La televisión es el medio menos agradable de todos, pero también es el que tiene más alcance. Así que por un elemental sentido de la eficiencia en la batalla de las ideas, hay que intentar participar en ella.

TVE debería sobrevivir siendo privatizada. Sólo en un mercado libre y competitivo, obteniendo su financiación por la vía voluntaria de anunciantes, suscriptores, benefactores o productores -y no a través del atraco a mano armada sobre el contribuyente- podremos conocer realmente qué plantillas se puede permitir o no se puede permitir. Sin privatización y sin mercado libre, es un agujero negro que puede absorber tantos recursos como el Gobierno de turno le asigne presupuestariamente.

El Gobierno tenía ciertamente pocas alternativas. Debería haber intervenido directamente sobre las prácticas crediticias de las entidades financieras (prohibiendo, por ejemplo, hipotecas por encima del 80% del valor de tasación de los inmuebles o exigiendo provisiones enormes por préstamos a promotores) y eso, en un momento de euforia burbujística, lo habría pagado electoralmente caro (es importante remarcar este punto pocas veces mencionado: si en 2004 o 2005 el gobierno de Zapatero hubiese "pinchado" la burbuja, lo habría pagado electoralmente muy caro; la mayoría de españoles querían entonces más burbuja y más crédito barato).

La banca es un sistema ultraprivilegiado por el poder político y, de esa maraña de privilegios, surgen los comportamientos distorsionadores que generan burbujas y crisis. Me parece un tremendo error confiar en la intervención discrecional de los políticos para frenar los problemas derivados de los incentivos perversos que ellos mismos han colocado en el sistema financiero. Mucho más fácil resulta eliminar esos privilegios y forzar a que la banca pague por los errores que cometa: sólo así se logrará una verdadera autorregulación (y no el timo de autorregulación privilegiada que tuvimos en las últimas décadas). Es decir, la solución es banca libre y competitiva sometida a la disciplina del mercado: no privilegios y tejemanejes políticos.

Espero y deseo que TVE (y todas las televisiones públicas) tengan sus días contados. Motivos para privatizarlas todas los hay más que de sobra. Si, una vez privatizada, los accionistas de TVE deciden mantener a Echenique en su puesto habida cuenta de su reputada competencia gestora, bien por él. De momento mal por todos nosotros, los contribuyentes, que estamos obligados a financiar "la tele de todos".

Un político, a menos que sea un dictador, no puede tomar medidas que vayan sustancialmente más allá del consenso social presente. Hoy el consenso social de España es altamente socialdemócrata: por tanto, nadie con una mentalidad liberal podría llegaría al Ministerio de Economía y, si llegara por error, sería incapaz de tomar una medida mínimamente relevante (a menos que dé con anterioridad la batalla de las ideas).

Por eso, ahora mismo, no creo que sea demasiado productivo pensar en la política. Ahora es el momento de dar la batalla de las ideas y de desmontar todas las falacias estatistas que han colonizado la mente de los españoles desde hace décadas. Es el momento de socavar el consenso socialdemócrata y defender las ideas liberales para que, a largo plazo, pueda haber un cambio verdaderamente profundo de modelo de convivencia: muchísima más sociedad y muchísimo menos Estado (como el que describo en mi último libro)

Ahora, si me preguntas por un área que en abstracto considero prioritaria: la educación. Mientras el Estado controle la educación, seguirá creando siervos ideológicos. Al contrario de lo que suele argumentarse, justamente porque la educación es esencial NO debería ser pública: debería regresar a manos de los estudiantes o de sus tutores.

No debería haber televisiones públicas, entendiendo como tales aquellas que estén financiadas coactivamente por los contribuyentes. Si una televisión promovida por el Estado se financiado comercializando producciones propias, por suscripciones voluntarias o por publicidad, no tengo ningún inconveniente.

Es verdad que en general a los liberales se nos ha asociado exclusivamente con el liberalismo económico, dejando de lado la defensa liberal de todas las libertades civiles: derecho de asociación, derecho a la libertad matrimonial, derecho a la libertad reproductiva, derecho a la producción y al consumo de drogas, derecho a la libertad migratoria, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad sexual, etc. Son todas ellas libertades que muchísimos liberales suscriben y que, extrañamente, se han convertido en banderas de la izquierda (cuando la izquierda ni siquiera las respeta: muchas de esas libertades siguen cercenadas o severamente restringidas en España pese a años y años de gobiernos de izquierda).

Conviene aclarar, claro está, que los liberales no tienen por qué coincidir en que todas las actividades que se realicen bajo el paraguas de esas libertades son actividades morales o correctas. Uno puede considerar inmoral el consumo de drogas y estar en contra de que esté penalizado por el Estado. Son planos diferentes: uno es permitir que la gente se equivoque y otro querer encerrar en la cárcel a aquellos que se equivocan. El liberalismo es favorable a la maximización de las esferas de libertad en todos los ámbitos, tanto el económico como el social.

Como introducción económica, "La economía en una lección" de Henry Hazlitt, "La teoría de la economía" de Wilhelm Röpke o "El liberalismo no es pecado: la economía en cinco lecciones", de Carlos Rodríguez Braun y un servidor pueden ser buenos comienzos.

En cuanto a filosofía política, "El manifiesto libertario" de Murray Rothbard, "Liberalismo" de Ludwig von Mises o "The problem of Political Authority" de Michael Huemer son excelentes obras que moverán a una profunda reflexión del lector. También me gustaría recomendar, claro, mi libro "Una revolución liberal para España".

Para avanzar más sobre estos temas, uno puede acercarse, como ya dije, al programa en Economía del centro de estudios OMMA, donde proporcionamos bibliografía mucho más profunda y avanzada sobre una gran variedad de temas.

Ya hay algunas iniciativas muy interesantes como el Partido de la Libertad Individual. Pero pueden aparecer otras nuevas igualmente interesantes. Sólo es cuestión de que algún grupo interesado en participar en política que tenga los principios liberales bien claros se lance al ruedo.

Ahora mismo es imposible. No tenemos ni la tradición ni la masa crítica para ello. El liberalismo en España es una carrera de fondo: hay que ir generando esa masa crítica dando diariamente la batalla de las ideas contra los dogmas antiliberales establecidos.

No obstante, y pese a la imposibilidad de un amplio movimiento Tea Party, sí hay ciertos microfenómenos esperanzadores. Uno de los más ilusionantes ha sido el muy extendido arraigo del movimiento Students for Liberty en casi todas las universidades españolas: grupos de jóvenes liberales que se asocian en las distintas universidades del país para defender los valores de la libertad. Les recomiendo que le echen un vistazo a las muy numerosas asociaciones. Quién sabe si algún joven lector puede estar interesado en unirse a alguna de ellas